Por Karen Gutiérrez, Univision
Durango, CO – 29 de octubre de 2025
Un arresto que sacudió a la comunidad
El caso de Fernando Jaramillo-Solano, un padre colombiano de 45 años detenido por agentes de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) mientras llevaba a sus hijos de 12 y 15 años a la escuela, ha generado una ola de indignación en Durango y en todo Colorado.
Según la agencia federal, Jaramillo-Solano ingresó a Estados Unidos el 22 de diciembre de 2024 por San Diego, California, y fue detenido el 27 de octubre de 2025 por la oficina de ICE en Denver. Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Familiar de Dilley, en Texas, donde permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan sus procedimientos migratorios.
ICE confirmó que Jaramillo-Solano ya no se encuentra en Colorado, aunque no precisó el paradero de sus hijos. La agencia indicó únicamente que la instalación de Dilley “está diseñada para alojar familias”.
Protestas en Durango: denuncian violencia y uso excesivo de la fuerza
El arresto provocó manifestaciones en Durango, donde decenas de residentes exigieron la liberación de la familia. Sin embargo, la protesta terminó en caos luego de que, según informes locales, agentes federales usaran gas pimienta y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
Un video compartido por la ciudad muestra a una mujer mayor siendo empujada al suelo por un agente, lo que intensificó las denuncias contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La ACLU de Colorado reportó que sus observadores “corroboraron actos de intimidación por parte de agentes federales”, incluyendo empujones y el uso de gas irritante a corta distancia. “Estos actos son inaceptables y violan el derecho a la protesta pacífica”, afirmó la organización.
“Un acto inhumano”: críticas desde la comunidad y el gobierno
Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, calificó el arresto como “espantoso y deshumanizante”.
“Ningún niño debería vivir con el miedo de que un agente encapuchado lo arranque de su familia”, declaró. “Exigimos una investigación independiente sobre la separación familiar y el uso de la fuerza durante las protestas”.
La Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) también condenó el operativo, asegurando que los agentes actuaron “sin provocación” y recordando que la familia lleva más de 18 meses integrada en la comunidad, con un caso de asilo debidamente documentado y en proceso.
En redes sociales, el senador Michael Bennet expresó su indignación:
“Estoy indignado al ver que ICE utilizó gas pimienta, balas de goma y fuerza física contra manifestantes pacíficos en Durango. Estas acciones son inhumanas y atentan contra los derechos de los ciudadanos de Colorado.”
El gobernador Polis exige respuestas
El gobernador Jared Polis se sumó a las críticas, manifestando su “profunda preocupación” por la falta de comunicación y transparencia del gobierno federal.
“ICE no informó al estado sobre esta operación ni ha aclarado si el padre está acusado de algún delito”, señaló Polis. “La prioridad del gobierno federal debería ser perseguir criminales peligrosos, no separar familias con solicitudes de asilo activas”.
Polis también insistió en que se respeten los procesos legales de asilo y pidió a las autoridades federales que “cesen las prácticas que siembran miedo en comunidades trabajadoras y pacíficas”.
ICE responde a las críticas
En un comunicado, ICE defendió sus acciones asegurando que la agencia “respeta el derecho a la protesta pacífica”, pero advirtió que “manifestantes extremistas suelen distorsionar la misión de ICE”.
“Interferir con las operaciones de las fuerzas del orden retrasa la deportación de inmigrantes criminales peligrosos”, sostuvo la agencia. “Los intentos de encadenar portones de propiedades federales son ilegales y ponen en riesgo la seguridad pública.”
ICE agregó que los ataques contra sus oficiales han aumentado un 1,000% en los últimos años, señalando que muchos agentes enfrentan hostilidad mientras “trabajan para proteger la seguridad de las comunidades”.
El debate sobre la separación familiar resurge
El caso Jaramillo-Solano reaviva el debate sobre las políticas de detención y separación familiar bajo la administración federal actual. Organizaciones civiles y funcionarios estatales temen que el gobierno esté reinstaurando tácticas similares a las aplicadas en 2018, ampliamente criticadas a nivel nacional e internacional.
Mientras tanto, la comunidad de Durango continúa movilizada, exigiendo la liberación de los menores y la reunificación familiar inmediata. Para muchos, este caso representa algo más que una detención: simboliza el temor persistente de miles de familias inmigrantes en Colorado que viven entre la esperanza del asilo y el miedo a la deportación.
