Por Karen GutiƩrrez, Univision | Wichita, Kansas | 28 de octubre de 2025
La crisis por el cierre del gobierno federal ha encendido una batalla legal a nivel nacional. Este martes, Kansas se uniĆ³ a una coaliciĆ³n de estados y al Distrito de Columbia en una demanda que busca obligar a la administraciĆ³n de Donald Trump a restablecer los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del cual dependen mĆ”s de 40 millones de estadounidenses para poder alimentarse.
SegĆŗn el Departamento de Agricultura (USDA), las tarjetas electrĆ³nicas de beneficios no serĆ”n recargadas en noviembre mientras el cierre de gobierno continĆŗe, dejando a millones de hogares en riesgo de quedarse sin comida.
Una demanda por la seguridad alimentaria
La demanda, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, argumenta que el gobierno tiene la obligaciĆ³n legal de utilizar un fondo de contingencia de aproximadamente $5 mil millones para mantener el programa activo. Ese monto cubrirĆa al menos dos semanas de beneficios mientras se resuelve el cierre gubernamental.
Entre los demandantes se encuentran los fiscales generales de 25 estados, ademĆ”s de los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania. La acciĆ³n estĆ” liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien calificĆ³ la suspensiĆ³n de los beneficios como āuna amenaza directa a la seguridad y salud pĆŗblica de millones de familiasā.
āEl hambre no puede esperar a que se resuelvan disputas polĆticasā, declarĆ³ James en el comunicado conjunto de la coaliciĆ³n.
Kansas en defensa de sus familias mƔs vulnerables
El gobernador de Kansas se sumĆ³ al esfuerzo argumentando que la suspensiĆ³n del programa federal pondrĆa en riesgo a miles de familias trabajadoras en el estado. Datos del Departamento de NiƱos y Familias indican que mĆ”s de 275,000 residentes de Kansas dependen actualmente del SNAP para cubrir parte de sus necesidades alimentarias bĆ”sicas.
En Ć”reas rurales y comunidades urbanas como Wichita, los bancos de alimentos ya estĆ”n reportando un incremento en la demanda. Organizaciones como Kansas Food Bank han advertido que no podrĆan suplir las necesidades si el programa se pausa por varias semanas.
Un impacto nacional
En todo el paĆs, 1 de cada 8 estadounidenses utiliza SNAP, lo que equivale a mĆ”s de 42 millones de beneficiarios, incluyendo 20 millones de niƱos.
El cierre del gobierno ha generado una ola de incertidumbre. Estados, organizaciones sin fines de lucro y comedores comunitarios estĆ”n trabajando contrarreloj para planificar una respuesta ante la posible interrupciĆ³n.
Mientras tanto, los defensores de los consumidores insisten en que la administraciĆ³n tiene las herramientas para evitar un colapso humanitario, pero que se requiere voluntad polĆtica para liberar los fondos de contingencia.
Los argumentos legales
La coaliciĆ³n de estados sostiene que el Departamento de Agricultura viola la Ley de Alimentos y NutriciĆ³n, que obliga al gobierno federal a garantizar la continuidad del programa mediante fondos de emergencia cuando el Congreso no ha aprobado un presupuesto.
Los abogados estatales solicitan al tribunal una orden de emergencia que obligue a la administraciĆ³n Trump a usar esos recursos mientras se negocia la reapertura del gobierno.
De acuerdo con la demanda, el fondo de contingencia fue creado precisamente para este tipo de emergencias, y su uso inmediato evitarĆa una crisis alimentaria nacional.
Bancos de alimentos en alerta
Las organizaciones de ayuda alimentaria en Kansas, Missouri y otros estados del Medio Oeste estĆ”n preparĆ”ndose para un escenario de emergencia. āSi el gobierno no actĆŗa, millones de familias tendrĆ”n que elegir entre pagar la renta o comerā, seƱalĆ³ un portavoz de Feeding America.
En Wichita, voluntarios han comenzado a almacenar alimentos no perecederos y productos bƔsicos, anticipando un aumento abrupto en la demanda durante noviembre.
Un llamado a la acciĆ³n
La incertidumbre se extiende entre beneficiarios, trabajadores sociales y tiendas que aceptan las tarjetas EBT. Algunos supermercados locales ya reportan una disminuciĆ³n en las compras anticipadas, mientras que los gobiernos estatales advierten que no pueden sostener los pagos sin apoyo federal.
Los demandantes esperan una respuesta judicial urgente en los prĆ³ximos dĆas. Mientras tanto, la coaliciĆ³n de estados insiste en que la decisiĆ³n del gobierno federal de congelar los beneficios del SNAP āes ilegal e inhumanaā.
āEl programa SNAP no es un lujo; es una red de seguridad que millones de familias necesitan para sobrevivirā, subrayĆ³ la fiscal general James.
