LAS VEGAS, NV – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que eliminará la extensión automática del permiso de trabajo para ciertos inmigrantes que soliciten su renovación, una medida que entrará en vigor el 30 de octubre de 2025. Esta decisión pone fin a una política implementada por la administración Biden que otorgaba hasta 540 días adicionales de validez mientras se procesaban las renovaciones.
“Con esta norma, el DHS prioriza la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros antes de extender la validez de sus autorizaciones de empleo”, se lee en el anuncio oficial.
La regla de los 540 días fue adoptada por la administración Biden para contrarrestar la enorme acumulación de solicitudes de renovación (casi nueve millones a mediados de 2023), que dejaba a muchos inmigrantes legalmente presentes sin poder trabajar por largos períodos mientras esperaban su nueva tarjeta. Antes de eso, existía una extensión automática de 180 días.
Nuevo proceso y plazos estrictos
Bajo la nueva normativa, los inmigrantes deberán solicitar la renovación de su permiso de trabajo 180 días antes de su fecha de vencimiento utilizando el formulario I-765. El DHS advierte: “Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación se vea temporalmente interrumpida”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) verificará la elegibilidad inicial y luego realizará una “investigación y análisis para garantizar que no hay amenazas identificables para la seguridad nacional o pública” antes de tomar una decisión final, que en algunas categorías implica el ejercicio de discreción.
¿A quiénes afecta y quiénes están exentos?
La eliminación de la extensión automática impactará a casi todas las categorías de inmigrantes que se beneficiaban de ella, particularmente aquellos sin estatus permanente o en proceso de ajuste. Algunos ejemplos clave incluyen:
- Solicitantes de asilo, refugio o suspensión de deportación.
- Beneficiarios ya aprobados de asilo y refugio.
- Personas ajustando su estatus (buscando la green card).
- Cónyuges H-4 (de portadores de visas H-1B).
- Solicitantes de visas T (víctimas de trata).
- Solicitantes de VAWA (víctimas de abuso doméstico).
- Cónyuges de inversionistas (visas E).
- Cónyuges L-2 (de ejecutivos/gerentes con visas L-1).
Importante: La nueva regla no afectará a quienes ya hayan recibido su extensión automática de 540 días antes del 30 de octubre, ni a aquellos con permisos de trabajo vigentes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Impacto en los más vulnerables y posibles desafíos legales
Abogados y defensores de inmigrantes expresan gran preocupación por las consecuencias de esta medida, especialmente dados los actuales tiempos de procesamiento de USCIS, que pueden superar los seis meses para solicitantes de asilo y llegar hasta un año en otros casos.
“Va a afectar esencialmente a personas que están vulnerables, quienes requieren tener sus licencias y permisos de trabajo al día”, asegura Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona. “Es una carga más para los inmigrantes”, añade, recordando las recientes alzas en las tarifas de inmigración.
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), aunque señala que el impacto en solicitantes de asilo (muchos con EAD de 5 años o con la extensión ya otorgada) “no será inmediato, pero eventualmente será un problema”, advierte que otros grupos, como sobrevivientes de violencia doméstica, podrían quedarse sin poder trabajar rápidamente por períodos prolongados.
“Es un paso más contra personas que están aquí trabajando legalmente y aportando a sus comunidades”, lamenta Cruz. Teme que, con los retrasos actuales, los inmigrantes “van a estar aquí legalmente pero sin poder trabajar”, afectando no solo a ellos sino a sus familias, empleadores y comunidades.
Analistas como Cruz también anticipan posibles desafíos legales contra la nueva regla, argumentando que no se siguió el proceso regulatorio adecuado al implementarla antes de solicitar comentarios públicos.
LAS VEGAS, NV – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que eliminará la extensión automática del permiso de trabajo para ciertos inmigrantes que soliciten su renovación, una medida que entrará en vigor el 30 de octubre de 2025. Esta decisión pone fin a una política implementada por la administración Biden que otorgaba hasta 540 días adicionales de validez mientras se procesaban las renovaciones.
“Con esta norma, el DHS prioriza la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros antes de extender la validez de sus autorizaciones de empleo”, se lee en el anuncio oficial.
La regla de los 540 días fue adoptada por la administración Biden para contrarrestar la enorme acumulación de solicitudes de renovación (casi nueve millones a mediados de 2023), que dejaba a muchos inmigrantes legalmente presentes sin poder trabajar por largos períodos mientras esperaban su nueva tarjeta. Antes de eso, existía una extensión automática de 180 días.
Nuevo proceso y plazos estrictos
Bajo la nueva normativa, los inmigrantes deberán solicitar la renovación de su permiso de trabajo 180 días antes de su fecha de vencimiento utilizando el formulario I-765. El DHS advierte: “Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación se vea temporalmente interrumpida”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) verificará la elegibilidad inicial y luego realizará una “investigación y análisis para garantizar que no hay amenazas identificables para la seguridad nacional o pública” antes de tomar una decisión final, que en algunas categorías implica el ejercicio de discreción.
¿A quiénes afecta y quiénes están exentos?
La eliminación de la extensión automática impactará a casi todas las categorías de inmigrantes que se beneficiaban de ella, particularmente aquellos sin estatus permanente o en proceso de ajuste. Algunos ejemplos clave incluyen:
- Solicitantes de asilo, refugio o suspensión de deportación.
- Beneficiarios ya aprobados de asilo y refugio.
- Personas ajustando su estatus (buscando la green card).
- Cónyuges H-4 (de portadores de visas H-1B).
- Solicitantes de visas T (víctimas de trata).
- Solicitantes de VAWA (víctimas de abuso doméstico).
- Cónyuges de inversionistas (visas E).
- Cónyuges L-2 (de ejecutivos/gerentes con visas L-1).
Importante: La nueva regla no afectará a quienes ya hayan recibido su extensión automática de 540 días antes del 30 de octubre, ni a aquellos con permisos de trabajo vigentes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Impacto en los más vulnerables y posibles desafíos legales
Abogados y defensores de inmigrantes expresan gran preocupación por las consecuencias de esta medida, especialmente dados los actuales tiempos de procesamiento de USCIS, que pueden superar los seis meses para solicitantes de asilo y llegar hasta un año en otros casos.
“Va a afectar esencialmente a personas que están vulnerables, quienes requieren tener sus licencias y permisos de trabajo al día”, asegura Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona. “Es una carga más para los inmigrantes”, añade, recordando las recientes alzas en las tarifas de inmigración.
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), aunque señala que el impacto en solicitantes de asilo (muchos con EAD de 5 años o con la extensión ya otorgada) “no será inmediato, pero eventualmente será un problema”, advierte que otros grupos, como sobrevivientes de violencia doméstica, podrían quedarse sin poder trabajar rápidamente por períodos prolongados.
“Es un paso más contra personas que están aquí trabajando legalmente y aportando a sus comunidades”, lamenta Cruz. Teme que, con los retrasos actuales, los inmigrantes “van a estar aquí legalmente pero sin poder trabajar”, afectando no solo a ellos sino a sus familias, empleadores y comunidades.
Analistas como Cruz también anticipan posibles desafíos legales contra la nueva regla, argumentando que no se siguió el proceso regulatorio adecuado al implementarla antes de solicitar comentarios públicos.
LAS VEGAS, NV – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que eliminará la extensión automática del permiso de trabajo para ciertos inmigrantes que soliciten su renovación, una medida que entrará en vigor el 30 de octubre de 2025. Esta decisión pone fin a una política implementada por la administración Biden que otorgaba hasta 540 días adicionales de validez mientras se procesaban las renovaciones.
“Con esta norma, el DHS prioriza la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros antes de extender la validez de sus autorizaciones de empleo”, se lee en el anuncio oficial.
La regla de los 540 días fue adoptada por la administración Biden para contrarrestar la enorme acumulación de solicitudes de renovación (casi nueve millones a mediados de 2023), que dejaba a muchos inmigrantes legalmente presentes sin poder trabajar por largos períodos mientras esperaban su nueva tarjeta. Antes de eso, existía una extensión automática de 180 días.
Nuevo proceso y plazos estrictos
Bajo la nueva normativa, los inmigrantes deberán solicitar la renovación de su permiso de trabajo 180 días antes de su fecha de vencimiento utilizando el formulario I-765. El DHS advierte: “Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación se vea temporalmente interrumpida”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) verificará la elegibilidad inicial y luego realizará una “investigación y análisis para garantizar que no hay amenazas identificables para la seguridad nacional o pública” antes de tomar una decisión final, que en algunas categorías implica el ejercicio de discreción.
¿A quiénes afecta y quiénes están exentos?
La eliminación de la extensión automática impactará a casi todas las categorías de inmigrantes que se beneficiaban de ella, particularmente aquellos sin estatus permanente o en proceso de ajuste. Algunos ejemplos clave incluyen:
- Solicitantes de asilo, refugio o suspensión de deportación.
- Beneficiarios ya aprobados de asilo y refugio.
- Personas ajustando su estatus (buscando la green card).
- Cónyuges H-4 (de portadores de visas H-1B).
- Solicitantes de visas T (víctimas de trata).
- Solicitantes de VAWA (víctimas de abuso doméstico).
- Cónyuges de inversionistas (visas E).
- Cónyuges L-2 (de ejecutivos/gerentes con visas L-1).
Importante: La nueva regla no afectará a quienes ya hayan recibido su extensión automática de 540 días antes del 30 de octubre, ni a aquellos con permisos de trabajo vigentes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Impacto en los más vulnerables y posibles desafíos legales
Abogados y defensores de inmigrantes expresan gran preocupación por las consecuencias de esta medida, especialmente dados los actuales tiempos de procesamiento de USCIS, que pueden superar los seis meses para solicitantes de asilo y llegar hasta un año en otros casos.
“Va a afectar esencialmente a personas que están vulnerables, quienes requieren tener sus licencias y permisos de trabajo al día”, asegura Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona. “Es una carga más para los inmigrantes”, añade, recordando las recientes alzas en las tarifas de inmigración.
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), aunque señala que el impacto en solicitantes de asilo (muchos con EAD de 5 años o con la extensión ya otorgada) “no será inmediato, pero eventualmente será un problema”, advierte que otros grupos, como sobrevivientes de violencia doméstica, podrían quedarse sin poder trabajar rápidamente por períodos prolongados.
“Es un paso más contra personas que están aquí trabajando legalmente y aportando a sus comunidades”, lamenta Cruz. Teme que, con los retrasos actuales, los inmigrantes “van a estar aquí legalmente pero sin poder trabajar”, afectando no solo a ellos sino a sus familias, empleadores y comunidades.
Analistas como Cruz también anticipan posibles desafíos legales contra la nueva regla, argumentando que no se siguió el proceso regulatorio adecuado al implementarla antes de solicitar comentarios públicos.
LAS VEGAS, NV – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que eliminará la extensión automática del permiso de trabajo para ciertos inmigrantes que soliciten su renovación, una medida que entrará en vigor el 30 de octubre de 2025. Esta decisión pone fin a una política implementada por la administración Biden que otorgaba hasta 540 días adicionales de validez mientras se procesaban las renovaciones.
“Con esta norma, el DHS prioriza la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros antes de extender la validez de sus autorizaciones de empleo”, se lee en el anuncio oficial.
La regla de los 540 días fue adoptada por la administración Biden para contrarrestar la enorme acumulación de solicitudes de renovación (casi nueve millones a mediados de 2023), que dejaba a muchos inmigrantes legalmente presentes sin poder trabajar por largos períodos mientras esperaban su nueva tarjeta. Antes de eso, existía una extensión automática de 180 días.
Nuevo proceso y plazos estrictos
Bajo la nueva normativa, los inmigrantes deberán solicitar la renovación de su permiso de trabajo 180 días antes de su fecha de vencimiento utilizando el formulario I-765. El DHS advierte: “Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación se vea temporalmente interrumpida”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) verificará la elegibilidad inicial y luego realizará una “investigación y análisis para garantizar que no hay amenazas identificables para la seguridad nacional o pública” antes de tomar una decisión final, que en algunas categorías implica el ejercicio de discreción.
¿A quiénes afecta y quiénes están exentos?
La eliminación de la extensión automática impactará a casi todas las categorías de inmigrantes que se beneficiaban de ella, particularmente aquellos sin estatus permanente o en proceso de ajuste. Algunos ejemplos clave incluyen:
- Solicitantes de asilo, refugio o suspensión de deportación.
- Beneficiarios ya aprobados de asilo y refugio.
- Personas ajustando su estatus (buscando la green card).
- Cónyuges H-4 (de portadores de visas H-1B).
- Solicitantes de visas T (víctimas de trata).
- Solicitantes de VAWA (víctimas de abuso doméstico).
- Cónyuges de inversionistas (visas E).
- Cónyuges L-2 (de ejecutivos/gerentes con visas L-1).
Importante: La nueva regla no afectará a quienes ya hayan recibido su extensión automática de 540 días antes del 30 de octubre, ni a aquellos con permisos de trabajo vigentes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Impacto en los más vulnerables y posibles desafíos legales
Abogados y defensores de inmigrantes expresan gran preocupación por las consecuencias de esta medida, especialmente dados los actuales tiempos de procesamiento de USCIS, que pueden superar los seis meses para solicitantes de asilo y llegar hasta un año en otros casos.
“Va a afectar esencialmente a personas que están vulnerables, quienes requieren tener sus licencias y permisos de trabajo al día”, asegura Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona. “Es una carga más para los inmigrantes”, añade, recordando las recientes alzas en las tarifas de inmigración.
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), aunque señala que el impacto en solicitantes de asilo (muchos con EAD de 5 años o con la extensión ya otorgada) “no será inmediato, pero eventualmente será un problema”, advierte que otros grupos, como sobrevivientes de violencia doméstica, podrían quedarse sin poder trabajar rápidamente por períodos prolongados.
“Es un paso más contra personas que están aquí trabajando legalmente y aportando a sus comunidades”, lamenta Cruz. Teme que, con los retrasos actuales, los inmigrantes “van a estar aquí legalmente pero sin poder trabajar”, afectando no solo a ellos sino a sus familias, empleadores y comunidades.
Analistas como Cruz también anticipan posibles desafíos legales contra la nueva regla, argumentando que no se siguió el proceso regulatorio adecuado al implementarla antes de solicitar comentarios públicos.
