Lo que comenzó como una disputa por el presupuesto se ha convertido en el segundo cierre gubernamental más prolongado en la historia de Estados Unidos, afectando a millones de personas.
Según el Bipartisan Policy Center, unos 730 mil empleados federales continúan trabajando sin salario, mientras que 670 mil han sido suspendidos porque sus agencias no pueden legalmente pagarles. Entre los que deben laborar sin recibir pago están agentes del FBI, controladores aéreos y algunos miembros del ejército.
El cierre ha interrumpido servicios esenciales. El programa de ayuda alimenticia SNAP enfrenta retrasos, pese a órdenes judiciales que buscan asegurar financiación parcial.
El conflicto central está en la política de salud pública: los demócratas exigen extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act), mientras los republicanos se niegan a discutirlo hasta reabrir el gobierno.
Líderes políticos continúan negociando para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el gobierno. La senadora Amy Klobuchar (D) señaló que “la gente se está quedando sin comer; los están usando como moneda de cambio, cuando todo lo que él tiene que hacer es sentarse a negociar, sabiendo muy bien que las primas de salud están fuera de control.”
Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó: “Todo lo que tienen que hacer es decir ‘el gobierno está abierto’ y con eso se acaba el problema. Y, cuando hablamos del programa SNAP, en su mayoría se trata de demócratas, pero yo soy el presidente: quiero ayudar a todos, quiero ayudar tanto a demócratas como a republicanos.”
De no alcanzarse un acuerdo y prolongarse el cierre hasta el 1 de diciembre, cerca de 4.5 millones de cheques de pago de empleados civiles federales se retendrían, lo que representaría aproximadamente 21 mil millones de dólares en salarios no pagados, según el Bipartisan Policy Center.
